SANTO DOMINGO. El Ministerio Público de la República Dominicana ha ejecutado 36 operaciones contra el crimen organizado desde el año 2020 hasta la fecha, incluyendo 11 casos de corrupción administrativa.
En cuatro de estos procesos judiciales, las autoridades han logrado obtener un total de 95 sentencias condenatorias.
Los datos fueron ofrecidos por el procurador adjunto Wilson Camacho, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, quien calificó los resultados como un avance histórico en el combate a la criminalidad de cuello blanco y las estructuras operadas desde instituciones del Estado.
De acuerdo con el desglose de las condenas ratificadas en tres de los principales casos, la operación contra Juan Alexis Medina y compartes registra 29 personas condenadas; la Operación 13, seguida al exdirector de la Lotería Nacional, cuenta con ocho condenados; y el caso Coral sumó otras 29 condenas, las cuales abarcan a 22 personas físicas y siete empresas.
El cuarto expediente, correspondiente a la acusación contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, se mantiene actualmente en fase de juicio tras alcanzarse acuerdos con 29 de los 64 imputados originales durante la etapa preliminar.
Camacho detalló que las defensas de varios procesados han recurrido de forma sistemática a solicitar la extinción de la acción penal por vencimiento de plazos. Sostuvo que esta táctica busca evitar el debate de los elementos probatorios debido a la contundencia de las evidencias presentadas por los fiscales.
Al respecto, el magistrado recordó que los tribunales civiles han rechazado de forma incidental estas peticiones basándose en la reforma del Código Procesal Penal de diciembre de 2025, la cual establece que la evaluación del plazo razonable no se rige por un conteo matemático estricto, sino por la complejidad intrínseca de los casos.
El titular de la Dirección General de Persecución ponderó de manera particular la reciente sentencia del caso Coral y Coral 5G como un hito jurisprudencial en el país, al dictarse condenas de 20 años de prisión a los principales gestores financieros e institucionales del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
El proceso requirió un año y nueve meses de debates en audiencias, la comparecencia de 298 testigos y la evaluación de miles de piezas documentales.
La actual gestión del Ministerio Público está encabezada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
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